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La CFPB Toma Acciones Contra Carrington Mortgage por negarle a Propietarios sus Derechos Bajo la Ley CARES

Esta compañía cobró tarifas y reportó de forma inexacta información crediticia de propietarios a pesar de las protecciones establecidas durante la era de la pandemia

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WASHINGTON, D.C. – La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés) está tomando acción contra Carrington Mortgage Services por actos o prácticas engañosas en conexión con aplazamientos hipotecarios, según lo definido en la “Consumer Financial Protection Act” o Ley de Protección Financiera del Consumidor. La CFPB determinó que Carrington falló en la implementación de muchas protecciones existentes, previstas para aquellos prestatarios que tuviesen préstamos respaldados por el gobierno Federal y que estuviesen experimentando dificultades financieras durante la emergencia de salud ocasionada por el COVID-19. La CFPB encontró que Carrington engañó a ciertos propietarios que habían solicitado aplazamiento bajo la Ley CARES, para hacerles pagar inapropiadas penalidades por atraso, engañó a los consumidores acerca del aplazamiento y las opciones de pago, y reportó inexactamente, el estatus de los aplazamientos de prestamistas a las tres grandes compañías de informes de crédito; Equifax, Experian y TransUnion. La CFPB le ha ordenado a Carrington que reembolse cualquier penalidad que haya cobrado y que no haya devuelto aún, y que pague una multa de $5.25 millones, la cual será depositada en el fondo de la CFPB para el alivio de víctimas.

“Carrington Mortgage retuvo ilegalmente protecciones exigidas por la ley, incorrectamente impuso penalidades y reportó información falsa a las compañías de informes de crédito”, dijo el director de la CFPB Rohit Chopra. “Los propietarios fueron engañados y negados de protecciones claves, cuando más necesitaban asistencia”, continuó.

Carrington Mortgage Services es una empresa administradora hipotecaria, no bancaria, establecida en Anaheim, California. La misma opera en los 50 estados del país y administra un alto número de préstamos hipotecarios respaldados por el gobierno federal, los cuales son otorgados o están garantizados por agencias federales o por entidades respaldadas por el gobierno (GSE, por sus siglas en inglés). Hasta septiembre del año 2020, Carrington había administrado casi medio millón de préstamos hipotecarios federalmente respaldados; de ellos, más del 65% eran préstamos de la Administración Federal de Vivienda, 20% del Departamento de Agricultura, poco más del 10% era préstamos de la Administración de Beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos, y alrededor del 5% eran préstamos respaldados por las GSE.

En el año 2020, el Congreso promulgó la Ley CARES, la cual provee protecciones hipotecarias a prestamistas con hipotecas respaldadas por el gobierno Federal, que estuviesen experimentando dificultades financieras por causa de la emergencia sanitaria del COVID-19. Una de las protecciones claves que les fue exigido a los administradores hipotecarios, fue el ofrecer “forbearances” o aplazamientos de hasta 180 días, al ser estos solicitados. Los prestatarios también recibieron protecciones sobre los informes de crédito. Tanto las agencias federales, como las GSE, también emitieron sus propias directrices acerca de cómo dar asistencia a los prestamistas durante la pandemia.

La CFPB investigó a Carrington y encontró que había violado la Ley de Protección Financiera al Consumidor cuando presentaron engañosamente los requisitos exigidos por la Ley CARES y las directrices relacionadas emitidas por agencias federales. La compañía le indicó incorrectamente a los prestatarios que no podían recibir 180 días de aplazamiento si así solicitaban y que algunos de ellos, no podían siquiera recibirlo. Carrington también les hizo creer a los prestatarios que debían presentar evidencias más detalladas de las exigidas por la ley, e impuso penalidades por atraso cuando éstas no estaban permitidas.

Específicamente, la CFPB encontró que Carrington:

  • Maliciosamente cobró penalidades por atraso: Carrington engañó a ciertos prestatarios, afirmando que éstos estaban obligados a pagar penalidades por atraso que no debían, mientras sus cuentas estaban en aplazamiento. Carrington también le mintió a prestatarios en aplazamiento que “les serían” o “les fueron cobrados” penalidades por atraso. En algunos casos, de hecho, cobró equivocadamente, penalidades por atraso.
  • Ofreció repetidas veces información falsa acerca de las protecciones por la pandemia: Carrington le notificó a ciertos prestatarios que estaban obligados a enviar sus pagos mensuales “inmediatamente”, y que de no hacerlo, podrían enfrentar procedimientos de “foreclosure” o ejecución hipotecaria. De hecho, ni podían exigirse pagos, ni podían los prestatarios enfrentar procedimientos de ejecución hipotecaria. La compañía también hizo creer a los propietarios que necesitaban mostrar razones específicas para recibir un aplazamiento, cuando solamente necesitaban entregar evidencia de que pasaban por dificultades financieras durante la pandemia. Carrington también le dijo a los prestamistas que para recibir un aplazamiento de más de 90 días, debían hacer otra solicitud después de los primeros 90 días.
  • Fue negligente con informes de crédito de prestatarios: Carrington ilegalmente “furnished” o entregó información a compañías de informes de crédito, indicando que las cuentas de ciertos prestatarios estaban morosas en vez de al día, aun cuando las mismas sí lo estaban al entrar en aplazamiento. Carrington también reportó de forma inexacta el atraso de ciertos prestatarios en aplazamiento, cuyas cuentas ya estaban en atraso al momento de entrar en aplazamiento.

Acción de cumplimiento de ley

Bajo la Ley de Protección Financiera del Consumidor, la CFPB tiene la autoridad para tomar acciones contra aquellas instituciones que violen las leyes de protección al consumidor, incluyendo las que actúen o usen prácticas injustas, engañosas o abusivas. La investigación de la CFPB encontró que Carrington violó la prohibición de conductas engañosas consagrada en la Ley, así como otras provisiones establecidas en la “Fair Credit Reporting Act” o Ley de Informes de Créditos Justos y su instrumento de implementación regulatoria, la Regulación V.

La orden obliga a Carrington a:

  • Entregarles compensación a los consumidores: Carrington debe conducir una auditoría para asegurarse de que cualquier penalidad por atraso, impropiamente cobrado, sea reembolsado a los consumidores.
  • Corregir sus prácticas de negocios erradas: Carrington debe evaluar a su personal de atención al cliente y proveerlo con entrenamiento en lo relacionado a las directrices aplicables de la Ley CARES, agencias y GSE. La compañía debe además establecer políticas y procedimientos que prevengan que estos problemas ocurran nuevamente.
  • Pagar $5.25 millones en multas: Carrington debe pagar una penalidad de $5.25 millones a la CFPB, los cuales serán depositados en el fondo de la CFPB para el alivio de víctimas (en inglés).

Lea la orden de hoy (en inglés)

Los consumidores pueden enviar sus quejas sobre informes del consumidor o de crédito, así como sobre otros productos y servicios financieros en la página de la CFPB, o llamando al (855) 411-CFPB (2372).

Aquellos empleados que crean que las compañías donde trabajan han violado leyes de protección financiera al consumidor, incluyendo la Ley de Prácticas Justas en el Reporte del Crédito, pueden enviar la información que tengan a la dirección whistleblower@cfpb.gov.

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The Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) is a 21st century agency that helps consumer finance markets work by making rules more effective, by consistently and fairly enforcing those rules, and by empowering consumers to take more control over their economic lives. For more information, visit www.consumerfinance.gov.