La CFPB Propone Normas para Establecer un Registro Público de Términos y Condiciones en las Formas de Contratos que Puedan Escindir o Limitar los Derechos y Protecciones al Consumidor
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Las compañías pueden usar términos y condiciones en sus contratos no negociables para tratar de esconder perjuicios al consumidor, para limitar las críticas sobre sus productos y servicios, y para debilitar el efecto de las leyes de protección financiera del consumidor.
WASHINGTON, D.C. – La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor ha propuesto una norma para establecer un registro público de los términos y condiciones ofrecidas en los contratos “tómelo o déjelo” por las entidades no bancarias que supervisa, que puedan escindir o limitar los derechos y protecciones a consumidores, tales como los derechos de bancarrota, montos de obligaciones, o a queja. En algunos casos, los términos y condiciones en estos contratos no negociables les hicieron creer a los consumidores que los mismos eran legalmente punibles. Bajo la norma propuesta, las entidades no bancarias, supervisadas bajo la jurisdicción de la CFPB, necesitarían enviar información acerca de los términos y condiciones, contenidas en las formas de contratos que usen y que busquen escindir o limitar los derechos y otras protecciones legales de los individuos. Esa información sería publicada en un registro que estará abierto al público, incluyendo otras instituciones que hagan cumplir las leyes de protección financiera del consumidor.
“Algunas compañías buscan censurar a sus clientes y despojarlos de sus derechos, insertando cláusulas en sus contratos no negociables”, dijo el director de la CFPB Rohit Chopra. “La CFPB está proponiendo registrar estas cláusulas, para así saber dónde la gente es callada cuando ha sido perjudicada”, continuó.
Los productos y servicios financieros de muchas compañías obligan a los consumidores a firmar extensos contratos. Las compañías escriben los contratos y definen cualesquiera opciones son ofrecidas en los mismos, y que los consumidores no pueden negociar. Algunas compañías deslizan términos y condiciones en sus contratos para intentar despojar a los consumidores de protecciones, limitar la forma en que éstos ejercen sus derechos, o callar sus quejas y críticas, y más ampliamente, para debilitar las leyes de protección financiera del consumidor. Los consumidores son frecuente dejados con muy pocas opciones dado lo extendidos que están estos contratos en el mercado, y el papel crítico que juegan los productos y servicios financieros en sus vidas cotidianas.
Algunos ejemplos de los términos y condiciones que estarían incluidos en el registro son los que:
- Escinden protecciones legales a militares: La Ley de Préstamos para Militares (MLA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Ayuda Civil a Miembros de las Fuerzas Armadas (SCRA, por sus siglas en inglés) establecen límites al costo de los préstamos a familias militares e incluyen otras numerosas protecciones al consumidor. La MLA prohíbe ampliamente la omisión de protecciones legales y el uso de acuerdos de arbitraje, y la SCRA limita la excepción de sus protecciones. Sin embargo, algunas compañías incluyen acuerdos de arbitraje prohibidos para tratar de evitar rendir cuentas sobre sus préstamos a familias militares. Otras han sido sometidas a acciones de regulación relacionadas con la forma en que omitieron protecciones establecidas en la SCRA.
- Socavan derechos en el reporte del crédito: En los contratos de productos de monitoreo de crédito, algunas compañías de informes del consumidor usan términos que buscan bloquear la habilidad que puedan tener los consumidores de tomar acciones legales, incluyendo unirse a “class action lawsuits” o demandas colectivas que aleguen violaciones a la Ley de Informes de Crédito Justos. Por ejemplo, algún término o condición, podría intentar limitar las responsabilidades de la compañía de informes de crédito con un grupo de consumidores, cuando ésta falle al investigar razonablemente, información inexacta en numerosos informes del consumidor.
- Limitan las responsabilidades del prestamista por tarifas cargadas por un banco por causa de sus repetidos intentos de cobro: En los contratos de préstamos a corto plazo, por pequeños montos de dinero, algunas compañías buscan evadir su responsabilidad por tarifas bancarias en que incurren los prestatarios, cuando ellas hacen repetidos intentos de cobrar de una cuenta que no tiene suficientes fondos para cubrir el pago.
- Engañen a los consumidores al usar “waivers” o exenciones legalmente incumplibles en sus contratos: los examinadores de la CFPB han identificado regularmente actos y prácticas engañosas en el uso de exenciones y limitaciones, por parte de prestamistas hipotecarios, que son consistentes con las restricciones establecidas por la Ley de Veracidad en Préstamos (TILA, por sus siglas en inglés), sobre el uso de estas cláusulas en dichas transacciones.
La norma de la CFPB propone obligar a las entidades no bancarias, que están sujetas a su supervisión, y que usen formas de contratos que impongan términos y condiciones que limiten, o intencionalmente busquen limitar los derechos y protecciones legales a los consumidores, a que se registren con la CFPB. De completarse, la norma propuesta podría:
- Identificar y recolectar información acerca de los términos y condiciones en las formas de contratos, que busquen escindir o limitar los derechos y otras protecciones legales a los consumidores: Bajo la propuesta, la CFPB buscaría información sobre términos y condiciones en contratos que busquen escindir cualquier protección legal, derecho o defensa constitucional, normativa o legal, restringir la posibilidad de quejarse a los consumidores, limitar el tiempo o lugar donde los consumidores pueden ejercer acciones legales, limitar el monto de sus responsabilidades, escindir derechos a unirse a demandas colectivas, e imponer provisiones de arbitraje. Tanto la información acerca de la compañía, como la del uso de términos y condiciones, sería publicada.
- Incrementar la transparencia del mercado y mejorar la supervisión basada en riesgo: Cuando los términos y condiciones en los contratos busquen limitar la habilidad de los consumidores para protegerse, es necesario un aumento de la supervisión del gobierno, y el registro proveería un importante apoyo al monitoreo que hace la CFPB de los mercados que supervisa. Específicamente, recolectar y publicar información acerca de las entidades no bancarias, y los términos y condiciones de sus contratos, permitiría una mejor supervisión gubernamental del riesgo. La CFPB y las agencias de todos los niveles de gobierno, serían capaces de revisar la información cuando prioricen sus recursos de supervisión y de cumplimiento de la ley.
Aparte de excepciones específicas, todas las entidades no bancarias, sujetas a la supervisión de la CFPB, incluyendo aquellas que operen con préstamos del día de pago, emisión de préstamos estudiantiles privados, y emisión y administración de hipotecas, estarían obligadas a cumplir la norma propuesta. Participantes más grandes, que operen en la administración de préstamos estudiantiles, financiamiento automotriz, informes del consumidor, cobradores de deudas al consumidor, y remesas internacionales, también estarían sometidos a la norma.
La norma propuesta, es una continuación de los esfuerzos de la CFPB para incrementar la transparencia frente al público y para mejorar la supervisión de las entidades no bancarias. En diciembre del 2022, la CFPB propuso una norma para establecer un registro de las instituciones financieras no bancarias (en inglés), para detectar así entidades reincidentes.
Lea el Texto de la Propuesta de Norma para el Registro de Ciertos Términos y Condiciones en Contratos de Entidades No Bancarias (en inglés) de la CFPB.
Lea la declaración del directos Chopra, acerca de la propuesta de norma (en inglés).
Los comentarios del público serán considerados en la revisión del texto de la norma. El período para recibir comentarios del público permanecerá abierto por el tiempo que sea más largo entre; 60 días luego de la publicación de la norma propuesta en la página de la CFPB, o por 30, luego de su publicación en el Registro Público.
Los consumidores pueden enviar quejas sobre productos y servicios financieros en la página de la CFPB, o llamando al (855) 411-CFPB (2372).
La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor es una agencia del siglo 21 que implementa y hace cumplir las leyes federales en materia financiera, y que se asegura de los mercados de productos financieros sean justos, transparentes y competitivos. Para encontrar más información visite consumerfinance.gov/es.