CFPB Prohíbe el Cobro de Excesivas Penalidades por Atraso en Tarjetas de Crédito, la Tarifa Típica Baja de $32 a $8

WASHINGTON, D.C. – La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), finalizó hoy una normativa que corta el cobro de excesivas penalidades por atraso en tarjetas de crédito, cerrando un vacío legal que era explotado por los grandes emisores de tarjetas. La norma reducirá el costo pagado en tarifas por las familias en más de $14 mil millones al año. La CFPB estima que los hogares del país ahorrarán anualmente más de $10 mil millones en penalidades por atraso una vez que la normativa entre en efecto, al reducir la tarifa cobrada típicamente de $32 a $8. Esto representará ahorros promedio de $220 por año, para las más de 45 millones de personas quienes pagan penalidades por atraso.

“Por más de una década, las gigantes empresas de tarjetas de crédito explotaron un vacío legal, recogiendo miles de millones de dólares en tarifas inesperadas que le cobraban a la gente”, dijo el director de la CFPB Rohit Chopra. “La normativa emitida hoy, cierra la era en que las grandes compañías de tarjetas de crédito se escondían detrás de la excusa de la inflación, para cobrarles cada vez más tarifas a los consumidores y expandir sus ganancias”, continuó.

Preocupado por el modelo de negocios que las compañías de crédito estaban construyendo, basado en el cobro de tarifas y tácticas de ventas engañosas, en el 2009 el Congreso promulgó la Ley de Transparencia, Responsabilidad y Divulgaciones en Tarjetas de Crédito (Ley CARD). La ley les prohibió a las compañías de tarjetas de crédito el cobro de excesivas penalidades, y estableció más claras divulgaciones y protecciones a los consumidores.

En el 2010, la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal aprobó la implementación de la Ley CARD, la cual dejaba en claro que los bancos sólo podrían cobrar tarifas que los ayudara a recuperar los gastos asociados a los pagos atrasados. Sin embargo, la norma incluyó una provisión de inmunidad que le permitió a las compañías de tarjetas de crédito esquivar la rendición de cuentas, si no cobraban más de $25 por el primer atraso, y $35 por cada otro subsecuente, siendo ambos montos ajustables a la inflación cada año. Estos montos han saltado hasta $30 y $41 respectivamente, incluso mientras las compañías han adoptado procesos de negocios digitales, que son menos costosos. El Congreso transfirió la autoridad para el ejercicio de la Ley CARD de la Reserva Federal a la CFPB.

Luego de una minuciosa revisión de los datos del mercado relacionados a la provisión de inmunidad establecida en el 2010, la normativa final de la CFPB adopta un límite más bajo de $8 y pone fin a los ajustes automáticos por inflación, para todos los emisores que tengan más de 1 millón de cuentas abiertas.

La CFPB encontró (en inglés) que desde el año 2010, los emisores por lo general les han cobrado cada año más penalidades por atrasos en tarjetas de crédito a los consumidores, monto que creció a más de $14 mil millones en el 2022, representando más del 10 por ciento de los $130 mil millones cobrados a los consumidores en intereses y tarifas. Las penalidades por atraso son una capa más, ubicada al tope de las medidas de castigo que las compañías de tarjetas de crédito les imponen a los consumidores que se atrasan con sus pagos, estas incluyen cobros por intereses extra, pérdida del período de gracia, reporte negativo en el crédito, reducciones de sus límites de crédito y el cobro de una tasa de interés más alta en futuras compras. La penalidad por atraso promedio, cobrada por los grandes emisores ha crecido continuamente desde la promulgación de la Ley CARD, pasando de $23 en el año 2010, a $32 en el 2022. Algunas grandes compañías de tarjetas de crédito usan las penalidades por atraso como una de sus principales fuentes de ingresos.

La normativa de la CFPB aplica sobre los grandes emisores de tarjetas de crédito, aquellos que tengan más de 1 millón de cuentas abiertas. Estas compañías representan más del 95% de los saldos pendientes. Los datos acumulados por la CFPB muestran que los emisores más pequeños tienden a cobrarles a sus prestatarios tasas de interés y tarifas más bajas, mientras que la vasta mayoría de las grandes empresas cobran casi el máximo monto permitido como penalidad por atraso. La normativa finalizada:

• Reduce el monto en dólares de la provisión de inmunidad para penalidades por atraso a $8: Basándose en la data analizada por la CFPB, una penalidad de $8 sería suficiente para que los grandes emisores cubran el promedio de los costos de cobranzas en que incurren, como resultado de los pagos atrasados.
• Termina con el abuso impuesto por los ajustes automáticos por inflación: La CFPB encontró que muchos emisores cada año aumentaron sus penalidades por atraso, en montos programados, sin mostrar evidencia de incrementos en sus costos. La normativa final de la CFPB elimina el ajuste automático por inflación del límite de $8 sobre las penalidades por atraso. Este ajuste fue agregado por la Junta Directiva de la Reserva Federal, y no es exigido por la ley. En cambio, la CFPB vigilará las condiciones del mercado y, de ser necesario, ajustará el límite de $8 de las penalidades por atraso.
• Les exige a los emisores de tarjetas de crédito que muestren sus números: Los grandes emisores de tarjetas podrán cobrar tarifas por encima del límite, siempre y cuando, puedan probar que una penalidad más alta es necesaria para cubrir sus actuales costos de cobranzas.

La normativa no cambia la habilidad que tienen los emisores de tarjetas de crédito de aumentar las tasas de interés, reducir los límites de crédito y tomar otras acciones, para desalentar a los consumidores de atrasarse con sus pagos. De hecho, la norma alienta a las compañías de tarjetas de crédito a facilitar los pagos puntuales, dado que disminuye los incentivos para la creación de un modelo de negocios basado en las penalidades por atraso.

Esfuerzos de la CFPB sobre tarjetas de crédito

La normativa emitida hoy forma parte del esfuerzo continuado de la CFPB para enfrentar problemas y promover la competencia, dentro del mercado de tarjetas de crédito, que alcanza $1 billón. La CFPB está trabajando para ayudar a que los consumidores encuentren tasa de interés más bajas, en tiempos en que éstos han pagado la cifra récord de $130 mil millones en intereses y tarifas de tarjetas de crédito, mientras que el tarjetahabiente promedio carga con una deuda de más de $5.000.

Un reporte recientemente publicado por la CFPB, mostró que el aumento del margen en sus tasas APR, cobrado por los grandes emisores (en inglés), les produjo en el 2023 alrededor de $25 mil millones en ganancias por intereses. Datos enviados a la CFPB por compañías de tarjetas de crédito, mostraron que bancos pequeños y cooperativas de crédito ofrecen tasas significativamente más bajas (en inglés), entre 8 y 10 puntos porcentuales por debajo de las ofrecidas por las 25 más grandes compañías de tarjetas de crédito. La semana pasada, la CFPB emitió directrices para regir los resultados arreglados arrojados en comparaciones de tarjetas de crédito y otros productos, y está desarrollando una herramienta para los consumidores, que una vez terminada, le ofrecerá a la gente que esté buscando una tarjeta de crédito, una forma imparcial de comparar términos y tasas de interés de tarjetas de crédito.

La CFPB también ha tomado acciones de ejecución de ley contra conductas ilegales cometidas por compañías de tarjetas de crédito. Las acciones recientes incluyen haberle ordenado a Bank of America pagar una multa de $30 millones y reembolsar decenas de millones de dólares a los consumidores, por retener bonos de recompensas sobre tarjetas, que la compañía había explícitamente prometido, y por abrir cuentas sin contar con la autorización para ello. La CFPB también le ordenó a Citizens Bank pagar una multa de $9 millones por no reembolsar a los consumidores que habían denunciado fraudes o errores en su facturación, y le ordenó a Citibank (en inglés) pagar $25,9 millones por discriminar intencionalmente a aquellos solicitantes de tarjetas de crédito que se identificaron como armenios.

Lea el texto de la normativa final publicado hoy (en inglés).

La normativa final entrará en efecto 60 días después de su publicación por el Registrador Federal.

Los consumidores pueden enviar quejas en la página de la CFPB, o llamando al (855) 411-CFPB (2372).

Aquellos empleados que crean que las compañías donde trabajan han violado leyes federales de protección financiera al consumidor, pueden enviar la información que tengan a la dirección whistleblower@cfpb.gov.