CFPB y FTC Toman Medidas Contra TransUnion por Usar Prácticas Ilegales en Verificaciones de Antecedentes para Alquileres y en la emisión de informes de crédito

WASHINGTON, D.C. – La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) y la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) tomaron medidas contra una subsidiaria de verificación de alquileres del conglomerado TransUnion, por cometer violaciones a la Ley de Informes de Crédito Justos. La compañía TransUnion no tomó medidas para garantizar que fuesen exactas las verificaciones de antecedentes para alquileres que los caseros utilizaban para decidir a quién rentar las viviendas. La compañía también ocultó a los inquilinos los nombres de terceros que proporcionaban la información inexacta. La CFPB y la FTC solicitaron ante un tribunal federal, que ordenara a TransUnion pagar $15 millones por su conducta infractora y que hiciera considerables mejoras en la manera en que reporta los desalojos.

Por otra parte, la CFPB le ordena a TransUnion pagar $8 millones por mentir sobre la oportuna implementación o eliminación de congelamientos y bloqueos de seguridad en los informes de crédito de decenas de miles de consumidores. La compañía les dijo a los consumidores que las solicitudes se habían completado cuando, en realidad, las mismas habían caído en una pila con años de atraso en su procesamiento. TransUnion tampoco mantuvo a los miembros de las fuerzas armadas en servicio activo fuera de las listas de solicitudes pre verificadas, una medida sencilla que les protege del robo de identidad. En el año 2018, el Congreso promulgó legislación que les exige a TransUnion y otros conglomerados de elaboración de informes de crédito, que ofrecieran al público congelamientos de seguridad de manera gratuita, así como mejorar las protecciones a los miembros de las fuerzas armadas en servicio activo. La Ley de Informes de Crédito Justos ahora también exige que las compañías respondan de manera oportuna a las solicitudes hechas por los consumidores, para implementar o eliminar congelamientos de seguridad, una herramienta que, junto con los bloqueos de crédito, ayuda a prevenir el posible robo de identidad al impedir el acceso de terceros a los informes de crédito de los consumidores.

“En todo el país, hubo gente expuesta al riesgo de ser rechazada injustamente en sus solicitudes de vivienda sólo porque TransUnion no cumplió con la ley”, dijo el director de la CFPB, Rohit Chopra. “Le ordenamos a TransUnion que cese esta actividad ilegal que lleva años realizando, que mejore sus deficientes prácticas comerciales, que compense a sus víctimas y que pague multas”, continuó.

“Los consumidores que tienen dificultades para encontrar una vivienda no deberían verse excluidos por causa de informes de verificación de arrendatarios plagados de errores y basados en datos procedentes de fuentes secretas”, dijo Samuel Levine, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. “Proteger a aquellos consumidores que busquen vivienda es fundamental para tener una economía justa, y estamos orgullosos de asociarnos con la CFPB para obtener esta orden sin precedentes”, continuó.

TransUnion (NYSE: TRU) es una compañía basada en Delaware, que tiene su sede principal en Chicago. La compañía opera una de las tres compañías nacionales de informes del consumidor. En el 2022 TransUnion obtuvo ingresos anuales superiores a los $3,7 millardos y recopiló información sobre más de 200 millones de personas, lo que incluye información sobre sus historiales de pago, cargas de deuda, límites máximos de crédito, nombres y direcciones de sus acreedores actuales, y otros elementos de sus relaciones crediticias. Siendo una compañía nacional de informes del consumidor, la misma ofrece congelamientos y bloqueos de seguridad sobre los informes de los individuos. Aunque los bloqueos son una funcionalidad incluida en algunos de sus productos pagos, desde septiembre del 2018, la Ley de Informes de Crédito Justos les exige a las compañías de informes de crédito del consumidor de todo el país, que proporcionen congelamientos de seguridad como un servicio gratuito.

TransUnion, a través de su filial TransUnion Rental Screening Solutions, también proporciona reportes de verificación de antecedentes para alquileres que podrían incluir información sobre historiales de crédito, antecedentes penales e historial de desalojos de los individuos.

Patrón de mala conducta de TransUnion

En los últimos siete años, el conglomerado TransUnion fue objeto de cuatro acciones ejecutorias de la CFPB en varios de sus productos. Además de las dos acciones recientes por fallas en verificaciones de antecedentes y congelamientos de seguridad, la CFPB ha tomado repetidas acciones contra TransUnion por problemas con sus planes de suscripción.

En el 2017, la CFPB emitió una orden (en inglés) contra TransUnion por atraer a los consumidores hacia costosos planes de suscripción. TransUnion había ocultado el costo y la utilidad de sus puntajes de crédito y productos relacionados con el crédito. Estas acciones atrajeron a los consumidores y los atraparon en costosos planes con pagos recurrentes.

En una demanda presentada en abril del 2022, la CFPB alega (en inglés) que, en lugar de acatar la orden, TransUnion siguió engañando a la gente a que tomara sus costosos planes de suscripción. En dicha demanda, la CFPB alega que la compañía, junto con uno de sus antiguos exdirectivos, violaron la orden y otras leyes financieras federales del consumidor, al engañar a los consumidores para que se suscribieran a costosos productos con pagos recurrentes.

Acciones de ejecución de la CFPB y la FTC contra TransUnion por sus reportes de verificación de antecedentes para alquileres

La CFPB ha resaltado anteriormente problemas generalizados en el uso de los reportes de verificación de antecedentes para alquileres. Estos informes usan cada vez más algoritmos diseñados en cajas negras que, con demasiada frecuencia, se basan en información inexacta o engañosa, para elaborar el “puntaje de riesgo” de un inquilino o para hacer una recomendación a los arrendadores. Este puntaje o recomendación puede ocultar información falsa de ser verificada tanto por arrendadores, como por inquilinos, y dificultar o imposibilitar la corrección de la información inexacta. Como resultado de ello, a las personas se les niega la vivienda, se les cobra más por la misma, pasan más tiempo buscando una, e incurren en más costos para hacerlo.

En la demanda conjunta, la CFPB y la FTC alegan que la compañía:

• No tomó las medidas necesarias para elaborar informes precisos: En numerosos casos, la compañía infringió la Ley de Informes de Crédito Justos al no tomar medidas para garantizar la máxima exactitud posible de los registros de desalojos en sus reportes de verificación de antecedentes para alquileres. Por ejemplo, la compañía no se aseguró de que sus informes reflejaran el estado actual de los registros públicos. Esto incluye no compartir información que mostraba la desestimación de desalojos y no prevenir la inclusión de registros sellados o de múltiples entradas sobre el mismo caso de desalojo. Como los datos sobre desalojos suelen tener un gran peso a la hora de evaluar el riesgo de alquiler, la inclusión de información inexacta y duplicada sobre desalojos es especialmente perjudicial para los inquilinos y sus familias.
• No identificó a quienes proporcionaban información inexacta: Cuando la compañía obtuvo registros de terceros sobre antecedentes penales y de desalojos, no identificó a los terceros en sus revelaciones a los consumidores. En su lugar, les decía a las personas que los registros de antecedentes penales y de desalojos se obtenían únicamente de las jurisdicciones en las que se llevaban a cabo los procedimientos. Las personas que intentaban encontrar un lugar donde vivir, no sabían que se trataba de un proveedor tercero con el que debían ponerse en contacto para corregir información inexacta.

De ser aprobada por el tribunal, la orden propuesta por las agencias sobre la verificación de antecedentes para alquileres exigiría que la compañía:

• Pague $11 millones a los consumidores afectados.
• Ponga fin al uso de prácticas ilegales de evaluación de inquilinos: La compañía tendría que tomar ciertas medidas para garantizar que se siguen procedimientos razonables para asegurar la máxima exactitud posible de los registros de desalojo, y para proporcionar divulgaciones completas a los consumidores que lo soliciten. Esto incluye el desarrollo de procedimientos para evitar la inclusión de múltiples solicitudes de un mismo caso de desalojo y para no informar los casos de desalojo que no tengan un resultado final.
• Pague una multa de $4 millones: La multa se depositará en el fondo de la CFPB para el alivio de víctimas (en inglés).

Acciones ejecutorias de la CFPB contra TransUnion por no cumplir con las solicitudes de congelamientos de seguridad y de bloqueos

A mediados del 2018, TransUnion tenía pendientes miles de solicitudes de congelamientos de seguridad y de bloqueos. El retraso se prolongó durante años y TransUnion solo resolvió las casi 40,000 solicitudes incumplidas, después de que la CFPB le informara que llevaría a cabo un examen de sus congelamientos de seguridad. En concreto, TransUnion:

• No implementó, ni retiró a tiempo, congelamientos y bloqueos de seguridad: Desde al menos el 2003, la compañía no implementó, ni eliminó a tiempo, los congelamientos y los bloqueos de seguridad sobre decenas de miles de informes de crédito, de decenas de miles de personas. A pesar de estas fallas, TransUnion informó falsamente a los consumidores, que las solicitudes habían sido procesadas, cuando no fue así.
• No protegió a determinadas poblaciones de las listas de solicitudes preseleccionadas: TransUnion ilegalmente dejó de proteger a miles de personas, incluyendo miembros de las fuerzas armadas en servicio activo y otras potenciales víctimas del robo de identidad, al incluirles en las listas de solicitudes preseleccionadas.

La orden de la CFPB exige que TransUnion:

• Pague $3 millones a los consumidores afectados.
• Corrija sus prácticas empresariales: La compañía debe identificar y resolver los problemas tecnológicos antes de que perjudiquen a los consumidores. También debe abordar las causas de los problemas que tiene con las solicitudes de congelamientos y bloqueos.
• Pague una multa de $5 millones: La multa se depositará en el fondo de la CFPB para el alivio de víctimas (en inglés).

Lea la demanda conjunta de la CFPB y la FTC y la orden propuesta (en inglés).

Lea la orden de la CFPB (en inglés).

Sepa más sobre informes y puntajes de crédito.

Aprenda a encontrar errores en los reportes de verificación de antecedentes para alquileres (en inglés).

Lea el informe de la CFPB del 2023 acerca de las quejas enviadas por consumidores sobre TransUnion y las otras dos compañías nacionales de informes del consumidor (en inglés).

Lea las declaraciones de Eric Halperin, director adjunto de Cumplimiento de la CFPB, sobre las acciones emitidas (en inglés).

Los consumidores también pueden enviar sus quejas sobre productos o servicios financieros en la página de la CFPB o llamando al (855) 411-CFPB (2372).

Alentamos a aquellos empleados que crean que las compañías donde trabajan han violado leyes de protección financiera al consumidor, a enviar la información que tengan a la dirección whistleblower@cfpb.gov. Para saber más acerca de cómo denunciar conductas inapropiadas en su industria, visite la página de la CFPB (en inglés).

La Comisión Federal de Comercio trabaja para promover la competencia, proteger y educar a los consumidores (en inglés). Encuentre más información sobre temas relacionados con los consumidores en la página consumer.ftc.gov/es o denuncie fraudes, estafas y malas prácticas comerciales en la página ReporteFraude.ftc.gov . Siga a la FTC en las redes sociales (en inglés), lea alertas al consumidor y el blog empresarial (en inglés), e inscríbase para recibir las últimas noticias y alertas de la FTC .